A PROPÓSITO DE VÍCTOR YODO

Para Cándida Santiago con el cariño de siempre
Samuel Pérez García.

El 11 de julio de este año se cumplió 31 años de secuestro y desaparición forzada del profesor y dirigente juchiteco Víctor Pineda Henestrosa, mejor conocido como Víctor Yodo.
El acto de enésima denuncia y protesta se llevó a cabo a las seis y media de la tarde, frente a la Biblioteca Pública “Víctor Yodo”, ubicada en la calle Libertad en la séptima sección de la ciudad de Juchitán.
El acto de recordación fue adornado con el coreo de “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos” y “presos políticos libertad” de los asistentes, unos cien personas, en su mayoría profesores de la sección 22 del SNTE oaxaqueño que recordaron el suceso funesto y exigieron la presentación con vida de quien fuera profesor de educación primaria y dirigente de los campesinos juchitecos en el estado de Oaxaca (México), en la década de los setenta del siglo pasado.
Desde el 11 de julio de 1978, fecha en que fue secuestrado por soldados vestido de civil y pese a las innumerables acciones desarrolladas: marchas, plantones, huelgas de hambre, que en sus primeros tiempos realizaron los familiares en especial Candida Santiago, secundados por la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI),organismo político a la cual perteneció el aludido, no existen resultados positivos para dar con su paradero, incluso ni siquiera ninguna autoridad del Estado mexicano reconoce su participación de haberlo privado de la libertad. Frente a los reclamos y acciones, el resultado ha sido el silencio de las instituciones jurídicas, políticas y militares del estado mexicano, aunque aducen una versión del todo inverosímil: que Víctor Yodo murió calcinado mientras viajaba en su automóvil en un viaje de Oaxaca a Juchitán. Argumento que, desde luego, no es creíble ni para la sociedad ni para los familiares del desaparecido: Cándida Santiago y sus hijos: Irma y Héctor Pineda Santiago.
En virtud de ese silencio cómplice, la familia Pineda Santiago con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la sección 22 y otros organismos sociales, han elevado su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de los Estados Americanos, para que mediante éste se llame a cuenta al gobierno mexicano y se le exija responder por la vida de Víctor Pineda Henestrosa.
Ese día del evento, diferentes representantes de organismos campesinos y ciudadanos del estado de Oaxaca denunciaron hechos represivos contra el pueblo que se han manifestado en la lucha por exigir sus derechos. Y al término de cada orador, devenía el coro de consignas alusivas al respeto a los derechos y libertades ciudadanas. Esto me hizo recordar aquellos años funestos de los setenta y ochenta cuando el asesinato y los secuestros era el pan común por parte de los caciques istmeños y por las autoridades federales y estatales, así como por el ejército mexicano. Entre todos ellos, forjaron un frente común para detener a toda costa el movimiento de insurgencia popular que se gestaba en el istmo alrededor del pueblo de Juchitán y la lucha por controlar el gobierno municipal. Producto de esa lucha fue la desaparición de Víctor Yodo y el asesinato de muchos, hombre y mujeres, entre los que pueden citarse: Lorenza Santiago, quien durante una manifestación en 1974, cae abatida por las balas de pistoleros que servían a Mario Bustillos Villalobos. En noviembre de 1974 cayeron abatidos a tiros los campesinos Juan Figueroa, Zótico Zelaya, Roman Esteva, Felipe Luis ( Lipe To), Ponciano Gallegos, Damián López López y el estudiante juchiteco de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Gustavo Pineda de la Cruz. Responsabilizaron de estos asesinatos a los caciques locales y al gobierno del aquel entonces, encabezado por Manuel Zárate Aquino. En febrero de 1977 durante una manifestación para exigir la liberación de estudiantes presos, la policía del Estado, denominada azules, dispara ráfagas contra la manifestación y mueren al instante los menores Gilberto Velásquez y José Luis Luna Cristóbal, en la dispersión de la gente son detenidos el dirigente obrero Héctor Velásquez Figueroa y los campesinos Manuel López Salinas y Víctor Pineda V, quienes después fueron encontrados muertos en el poblado de Santa Cruz Bamba, a orillas de la carretera que conduce de Salina Cruz a Puerto Escondido. Los cuerpos de los secuestrados estaban mutilados y presentaban el tiro de gracia. El 11 de julio de 1978 es secuestrado Víctor Pineda Henestrosa, “Víctor Yodo”. El 9 de octubre de 1981 es asesinado Rodrigo Carrasco López, regidor durante el primer ayuntamiento popular que encabezó Leopoldo De Gyves de la Cruz. El cuerpo de este ciudadano presentaba signos de tortura. Se acusó de su muerte a Víctor Jiménez López, alias Víctor Moro, quien era agente de la Dirección Federal de Seguridad, y que años más tarde fue muerto a tiros por la policía municipal,al parecer en el periodo de Alberto Reyna Figueroa..
Así pasaron los años. Y llegó en 1981 el gobierno municipal que encabezó Leopoldo De Gyves de la Cruz, (1981-1983) el de Héctor Sánchez (1990-1992), pasando por el de Oscar Cruz López (1993-1995), Roberto López Rosado(1996-1998), Leopoldo De Gyves de la Cruz (1999-2001) Alberto Reyna Figueroa, (2002-2004) Mariano Santana López (2008-2010) y hasta la fecha de hoy esos gobiernos municipales olvidaron realizar acciones que fueran recordables para exigir al estado mexicano la aparición con vida de Víctor Pineda Henestrosa. Los subyugó de tal modo el poder que se olvidaron del correligionario para luchar por su aparición con vida. Al incrustarse en el poder y ser parte de la diplomacia política dejaron los plantones, las tomas de embajadas, para darle seguimiento consecuente al caso de privación ilegal de la libertad del antiguo dirigente. Y sin esos menesteres tan necesarios que toda lucha requiere, a 31 años del secuestro, Víctor Yodo sigue desaparecido, pero ya no es la COCEI la que lo recuerda sino los maestros de la sección 22 y la familia. Pero ese día del acto solo había unas cien personas, la familia y amigos de ésta y los maestros de la sección 22 del SNTE oaxaqueño. Pero el pueblo por el cual Víctor luchó, los campesinos por las cuales se desveló en dónde estaban para corear su nombre. En dónde estaban aquellos dirigentes que cuando el hecho ocurrió todavía eran jóvenes, en dónde estaban los viejos dirigentes, los amigos de otrora, eran pocos todos, pero eran muchos al mismo tiempo, porque mientras existan esos que estuvieron, el nombre de Víctor Yodo no será olvidado, éste donde éste. En Juchitán será recordado como el único dirigente cuya memoria vale recordar para siempre y hasta que no aparezca. Lo mejor que libró aquellas luchas de los años setenta por la democracia y la libertad de los ciudadanos oaxaqueños y del mundo tiene ahora un adalid: se llama Víctor Pineda Henestrosa, mejor conocido como Víctor Yodo, secuestrado, torturado, tal vez asesinado y enterrado en una fosa clandestina por guardias del ejército o de la nefasta Dirección Federal de Seguridad que comandaba en aquel entonces Miguel Nazar Haro.

Cronología de hechos:

Julio 11 de 1978.
Aproximadamente a las diez de la mañana, en el centro de Juchitán, es secuestrado por un comando del ejército, el dirigente coceísta Víctor Pineda Henestrosa (Víctor Yodo).
Julio 17.
Familiares de Víctor Yodo y mujeres juchitecas de la COCEI se declaran en huelga de hambre en el centro de la ciudad de Juchitán. Exigen la presentación del dirigente coceísta secuestrado el día 11 y la libertad de Leopoldo de Gyves Pineda (Padre del otro Lepoldo que fue presidente municipal)
Agosto 3.
Después de permanecer 400 horas de horas en huelga de hambre y ante el silencio de las autoridades, los huelguistas exigen la presentación de “Víctor Yodo” y la libertad de Leopoldo de Gyves y Laureano Luis. Se trasladan a la ciudad de México, donde continúan su ayuno instalados en el edificio de la organización de las Naciones Unidas.
Agosto 5.
Una comisión del Frente Revolucionario de Defensa Popular de Guerrero, que demanda la libertad del profesor universitario Eloy Cisneros Guillén, se suma a la huelga de hambre de los coceístas.

Mayo 22 de 1979Familiares de Víctor Pineda Henestrosa, Leopoldo de Gyves y del campesino de Álvaro Obregón, Laureano Luis, se instalan en atrio de la iglesia de San Vicente Ferrer, en Juchitán. Exigen la libertad de los presos, la presentación de Victor Pineda y el retiro del ejército de Juchitán. La COCEI solicita la intervención del obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, quien accede a demandar ante los gobiernos federal y estatal la atención de los problemas que la COCEI plantea.

11 de julio del 2009
A 31 años de la desaparición de Víctor Pineda Henestrosa, (n.29 de julio 1943) Cándida Santiago, esposa; e hijos: Héctor Pineda Santiago e Irma Pineda Santiago (hijos) así como los profesores y conocidos, siguen exigiendo al gobierno federal y estatal y al ejército mexicano su presentación con vida. VIVO SE LO LLEVARON, VIVO LO QUEREMOS.

(fuente de la cronología: varios autores. Juchitán: lucha y poesía. Extempóraneos, 1988.

¿cuanto vale una vida

Samuel Pérez García

La iglesia cristiana siempre ha opuesto su voz al aborto y a aquellos que explotan al prójimo, pero nunca se ha pronunciado contra las exiguas indemnizaciones que las empresas entregan a los deudos cuando un familiar es arrollado o resulta muerto a causa de un accidente carretero.

Hace unos días, el 20 de abril sucedió un carreterazo en el tramo Alamo-Potrero del Llano en el estado de Veracruz, de los cuales resultaron 44 muertos, entre ellos adultos, jóvenes y niños.

Cómo estamos en campaña electoral todos los políticos se condolieron de los deudos y ofrecieron su mano a quienes habían quedado en el desamparo o sufrían la pérdida de un familiar. La voz de Javier Duarte, gobernador del Estado, fue indicativo para que los ayuntamientos pusieran su grano de arena: asesoría jurídica, pasajes y viáticos para trasladarse al lugar del accidente y hospitales, así como tránsito de los muertos hacia sus lugares de origen.

Sin embargo, nadie ha dicho que sea injusto la indemnización que la empresa, dueña del tracto camión, de donde se desprendió la góndola que se le atravesó el carro, y ocasionó la trágico accidente, esté entregando a los deudos. Una irrisoria cantidad consistente en 730 días de salario mínimo, más 60 días para gastos funerarios, que multiplicados, arrojan la cuantiosa suma de $ 49,240 pesos, es decir, “pa lo que te alcance”, porque la vida ya no la podemos regresar” y si no hazle como quieras, la ley es la ley.

Esto significa que quienes perdieron a su padre o a su madre, o a su hijo, habrán que soportar estoicamente, de que los brazos que traían la comida a la casa, para ir sobreviviendo, ya no podrán tenerlo, pero tampoco podrán resarcir el daño económicamente, porque el pago que están recibiendo como indemnización no alcanza ni siquiera para mantener a un niño por medio año.

Esta injusticia de cómo está configurada la ley para los casos de accidentes, muestra que ésta fue hecha a modo para no afectar los intereses de las empresas, pues si multiplicamos la cantidad total que recibe un deudo, o sea los $ 49,240 por los 44 fallecidos, arroja la suma de dos millones, 166 mil 250 pesos, que sería el total por las muertes que le corresponde a la empresa por indemnización. Poca cosa para lo que ellos se agencian en utilidades cada año. Poca cosa para seguir sosteniendo un hogar de igual modo como si la madre o el padre existieran.

Creo que a partir de este accidente, sobre todo cuando es masivo como el actual, debía llevar a la reflexión a los diputados federales y locales a que enmendaran esa ley que consigna un tope de salario mínimo, de por sí flaco, para contrarrestar el dolor humano. Es cierto, que no se trata de mercadear con el sentimiento de los deudos o convertir a muertos, en un punto de negociación para enriquecer a los beneficiarios, pero si aplicar una ley que, al mismo tiempo que fuera justa con los damnificados, sirviera de contrapeso, a aquellas empresas, cuyos choferes se sienten los amos y señores de las carreteras y manejan en condiciones anormales, inyectándose sustancias nocivas para mantener el sueño o rebasando el límite de velocidad y de carga, con el fin de llegar a tiempo o ganarse un dinero extraoficial, que en el presente caso, los dos tuvieron causales de peso.

Me parece entonces, que la ley debe garantizar, en caso de accidentes donde  haya muertes, que las empresas deben ofrecer garantías para las condiciones de vida en los hogares donde niños y jóvenes hayan quedado huérfanos, de tal modo que se les garantice el bienestar con salud, educación, techo y alimentación. De seguir como actualmente estamos, la ley seguirá cebándose sobre los más pobres.

Recuerdo que una vez, mientras estudiaba en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, en el tramo Perote Banderilla, un ADO embistió a un automóvil Wolkswagen en el cual viajaba el esposo de una profesora de la Facultad de Pedagogía. La profesora estaba contratada por horas, y el muerto, era quien mantenía con su trabajo ese hogar. Al morir dejaba en el desamparo a toda una familia. La empresa ADO para salvarse de la indemnización, a través de los policías de caminos federales, sembró en el auto del maestro envases vacíos de tecate, para justificar que su ocupante venía en estado de ebriedad y eso había sido la causa de haberle chocado con el autobús.

Sin embargo, la profesora desmintió ese dicho, pues el profesor era abstemio y lo corroboró con la autopsia que se le practicó. Aún así, el ADO se negaba a pagar. Al estar en condiciones de indefensión, la profesora solicitó el respaldo de la comunidad universitaria de Humanidades, quienes al saber el caso la respaldaron y empezamos a acudir a las autoridades y a la empresa. Notamos de principio, que la consigna era dar carpetazo al asunto. Al no encontrar respuesta, decidimos movilizarnos y bloquear calles, para efecto de que el gobierno en pleno interviniera y llamara a la mesa de negociación a la empresa camionera. Fuimos a la radio y denunciamos en la prensa de que aquellos que hubieran sido víctimas de un atropellamiento por parte de las empresas camioneras se presentarán a Humanidades. Las quejas llovieron y el movimiento se fortaleció. El gobierno del Estado y las autoridades universitarias tuvieron que intervenir, para que el movimiento no avanzara más.

Después de varias pláticas, el gobierno se comprometió indemnizar a la familia afectada, así como darles el apoyo a los que habían llegado como resultado de la promoción que se había hecho.

A la maestra se le ofreció tiempo completo en la Universidad y el ADO se comprometió a entregar otro coche a cambio del chocado, asimismo a darle una beca a los dos huérfanos que quedaban, con el fin de que pudieran estudiar una carrera universitaria. Pero este resultado no fue aplicando la ley, sino extralegal, producto de la movilización de los estudiantes, maestros y pueblo que participó en esa gesta de 1981, en la ciudad de Jalapa.

Aquí en la región sur, hemos visto como estudiantes, amas de casas, obreros y jóvenes, son víctimas de atropellamiento y lo único que le hacen, aun cuando queden baldado de por vida, es pagarle  a los deudos una cantidad que no supera lo que los familiares de los accidentados hoy recibieron. Pero otro caso sería, si la ley fuera justa con quienes sufren la violencia de los cafres del volante.

Por eso, a quienes vayan a la cámara de diputados, me parece que esta es una primera iniciativa que debe plantear ante la Cámara de Diputados: modificar la ley actual, que taza en salarios mínimos la muerte de un familiar, cuyo monto total no es satisfactorio, cuando en el hogar del fallecido quedaron niños en el desamparo. Me parece que los niños no merecen que se les quite la protección de sus padres, que se les pida un “usted perdone” y con ello den por terminado el conflicto que ocasionó el atropellamiento.

Esteban Bautista, el candidato del PRD en Cosoleacaque, y Rocío Nahle candidata del PRD en Coatzacoalcos, deben tomar muy en cuenta este llamado en defensa del hogar y la niñez mexicana. Que así sea.