¿cuanto vale una vida

Samuel Pérez García

La iglesia cristiana siempre ha opuesto su voz al aborto y a aquellos que explotan al prójimo, pero nunca se ha pronunciado contra las exiguas indemnizaciones que las empresas entregan a los deudos cuando un familiar es arrollado o resulta muerto a causa de un accidente carretero.

Hace unos días, el 20 de abril sucedió un carreterazo en el tramo Alamo-Potrero del Llano en el estado de Veracruz, de los cuales resultaron 44 muertos, entre ellos adultos, jóvenes y niños.

Cómo estamos en campaña electoral todos los políticos se condolieron de los deudos y ofrecieron su mano a quienes habían quedado en el desamparo o sufrían la pérdida de un familiar. La voz de Javier Duarte, gobernador del Estado, fue indicativo para que los ayuntamientos pusieran su grano de arena: asesoría jurídica, pasajes y viáticos para trasladarse al lugar del accidente y hospitales, así como tránsito de los muertos hacia sus lugares de origen.

Sin embargo, nadie ha dicho que sea injusto la indemnización que la empresa, dueña del tracto camión, de donde se desprendió la góndola que se le atravesó el carro, y ocasionó la trágico accidente, esté entregando a los deudos. Una irrisoria cantidad consistente en 730 días de salario mínimo, más 60 días para gastos funerarios, que multiplicados, arrojan la cuantiosa suma de $ 49,240 pesos, es decir, “pa lo que te alcance”, porque la vida ya no la podemos regresar” y si no hazle como quieras, la ley es la ley.

Esto significa que quienes perdieron a su padre o a su madre, o a su hijo, habrán que soportar estoicamente, de que los brazos que traían la comida a la casa, para ir sobreviviendo, ya no podrán tenerlo, pero tampoco podrán resarcir el daño económicamente, porque el pago que están recibiendo como indemnización no alcanza ni siquiera para mantener a un niño por medio año.

Esta injusticia de cómo está configurada la ley para los casos de accidentes, muestra que ésta fue hecha a modo para no afectar los intereses de las empresas, pues si multiplicamos la cantidad total que recibe un deudo, o sea los $ 49,240 por los 44 fallecidos, arroja la suma de dos millones, 166 mil 250 pesos, que sería el total por las muertes que le corresponde a la empresa por indemnización. Poca cosa para lo que ellos se agencian en utilidades cada año. Poca cosa para seguir sosteniendo un hogar de igual modo como si la madre o el padre existieran.

Creo que a partir de este accidente, sobre todo cuando es masivo como el actual, debía llevar a la reflexión a los diputados federales y locales a que enmendaran esa ley que consigna un tope de salario mínimo, de por sí flaco, para contrarrestar el dolor humano. Es cierto, que no se trata de mercadear con el sentimiento de los deudos o convertir a muertos, en un punto de negociación para enriquecer a los beneficiarios, pero si aplicar una ley que, al mismo tiempo que fuera justa con los damnificados, sirviera de contrapeso, a aquellas empresas, cuyos choferes se sienten los amos y señores de las carreteras y manejan en condiciones anormales, inyectándose sustancias nocivas para mantener el sueño o rebasando el límite de velocidad y de carga, con el fin de llegar a tiempo o ganarse un dinero extraoficial, que en el presente caso, los dos tuvieron causales de peso.

Me parece entonces, que la ley debe garantizar, en caso de accidentes donde  haya muertes, que las empresas deben ofrecer garantías para las condiciones de vida en los hogares donde niños y jóvenes hayan quedado huérfanos, de tal modo que se les garantice el bienestar con salud, educación, techo y alimentación. De seguir como actualmente estamos, la ley seguirá cebándose sobre los más pobres.

Recuerdo que una vez, mientras estudiaba en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, en el tramo Perote Banderilla, un ADO embistió a un automóvil Wolkswagen en el cual viajaba el esposo de una profesora de la Facultad de Pedagogía. La profesora estaba contratada por horas, y el muerto, era quien mantenía con su trabajo ese hogar. Al morir dejaba en el desamparo a toda una familia. La empresa ADO para salvarse de la indemnización, a través de los policías de caminos federales, sembró en el auto del maestro envases vacíos de tecate, para justificar que su ocupante venía en estado de ebriedad y eso había sido la causa de haberle chocado con el autobús.

Sin embargo, la profesora desmintió ese dicho, pues el profesor era abstemio y lo corroboró con la autopsia que se le practicó. Aún así, el ADO se negaba a pagar. Al estar en condiciones de indefensión, la profesora solicitó el respaldo de la comunidad universitaria de Humanidades, quienes al saber el caso la respaldaron y empezamos a acudir a las autoridades y a la empresa. Notamos de principio, que la consigna era dar carpetazo al asunto. Al no encontrar respuesta, decidimos movilizarnos y bloquear calles, para efecto de que el gobierno en pleno interviniera y llamara a la mesa de negociación a la empresa camionera. Fuimos a la radio y denunciamos en la prensa de que aquellos que hubieran sido víctimas de un atropellamiento por parte de las empresas camioneras se presentarán a Humanidades. Las quejas llovieron y el movimiento se fortaleció. El gobierno del Estado y las autoridades universitarias tuvieron que intervenir, para que el movimiento no avanzara más.

Después de varias pláticas, el gobierno se comprometió indemnizar a la familia afectada, así como darles el apoyo a los que habían llegado como resultado de la promoción que se había hecho.

A la maestra se le ofreció tiempo completo en la Universidad y el ADO se comprometió a entregar otro coche a cambio del chocado, asimismo a darle una beca a los dos huérfanos que quedaban, con el fin de que pudieran estudiar una carrera universitaria. Pero este resultado no fue aplicando la ley, sino extralegal, producto de la movilización de los estudiantes, maestros y pueblo que participó en esa gesta de 1981, en la ciudad de Jalapa.

Aquí en la región sur, hemos visto como estudiantes, amas de casas, obreros y jóvenes, son víctimas de atropellamiento y lo único que le hacen, aun cuando queden baldado de por vida, es pagarle  a los deudos una cantidad que no supera lo que los familiares de los accidentados hoy recibieron. Pero otro caso sería, si la ley fuera justa con quienes sufren la violencia de los cafres del volante.

Por eso, a quienes vayan a la cámara de diputados, me parece que esta es una primera iniciativa que debe plantear ante la Cámara de Diputados: modificar la ley actual, que taza en salarios mínimos la muerte de un familiar, cuyo monto total no es satisfactorio, cuando en el hogar del fallecido quedaron niños en el desamparo. Me parece que los niños no merecen que se les quite la protección de sus padres, que se les pida un “usted perdone” y con ello den por terminado el conflicto que ocasionó el atropellamiento.

Esteban Bautista, el candidato del PRD en Cosoleacaque, y Rocío Nahle candidata del PRD en Coatzacoalcos, deben tomar muy en cuenta este llamado en defensa del hogar y la niñez mexicana. Que así sea.