Imagen de Yuribia, en Tatahuicapan de Juárez, Veracruz
Samuel Pérez
García
En el sur de
Veracruz, los ciudadanos trinan con los
maestros y piden a gritos que entre la policía federal y el ejército a
desalojar a quienes mantienen en su poder las tomas de agua del Yuribia, el
cual surte de ese líquido vital a importantes ciudades como Coatzacoalcos,
Minatitlán y parte de Cosoleacaque.
Me pregunto si en su enojo
han reflexionado que una entrada violenta de la policía federal y del ejército,
en lugar de resolver el problema lo agravaría, pues deben ponerse a pensar que
la situación no es un asunto local, sino nacional. Lo que maestros piden son
acuerdos con el gobierno federal y estatal para destrabar el asunto de la
reforma educativa. Y en esto los maestros tienen razón.
Desde luego, también a los
ciudadanos les asiste la razón de pedir agua, pero deben preguntarse porque
carecen de ella. Y habrá que recordárselos. Desde los sesenta el problema del
agua en Coatzacoalcos era ya crítico. Los pozos que se tenían no abastecían a
la pequeña ciudad. Entonces, las autoridades en lugar de buscar su
abastecimiento en su propio municipio a partir de los mantos freáticos locales,
lo fueron a buscar en un lugar que no es suyo, sino de los indígenas de la
sierra, que antes pertenecía a Mecayapan, y que ahora es municipio libre:
Tatahuicapan de Juárez. De la década de los ochenta a la fecha de hoy,
gobiernos fueron y llegaron y no se preocuparon de entre otros aspectos, de los
siguientes: el de contar con agua autónoma y no dependiera de otro municipio.
Eso se debió a que pensaron que el agua de Tatahuicapan les salía barata,
además de que los indígenas no reclamaban mucho, basta entregarle unas cuentas
de vidrio o untarles la mano a los agentes en turno para calmar cualquier
desazón. Al pensar así, se olvidaron del asunto del agua, hasta que los indígenas
despertaron y encontraron en el Yuribia un punto de negociación para su propio
desarrollo. Empezaron entonces a exigir condiciones mejores para elevar la vida
de los pueblos que se encuentran en torno al Yuribia: Pajapan, Mecayapan,
Tatahuicapan y todas las demás comunidades. Pero esto ocurrió hasta que Tatahuicapan,
centro de ubicación del afluente, se hizo municipio libre. Fue hace algunos
años que los pueblos indígenas se propusieron exigir que se le compensara con
obra pública, la extracción de agua, que los ayuntamientos proveedores pagan
barato pero que le cobran caro a la ciudadanía a quienes les surte. Sin
embargo, tales pagos en obra pública no se ha dado de modo cumplido por parte
de las autoridades, y esos retrasos ha hecho que dichos pueblos se organicen y
se vean obligados a cerrar las tomas de agua como medio de presión y
negociación.
Hoy, durante el mes de
septiembre (15 y 16) y ahora octubre (12,13,14,15 y los días que sigan), se han
cerrado dos veces las válvulas. En la primera que duro dos días, fue para
presionar al gobierno a que bajara el Secretario de Gobierno para establecer un
diálogo con los maestros que exigían no se les reprimiera por las acciones que
tomas de casetas que habían llevado a cabo en su lucha contra la reforma
educativa, ni tampoco se les sancionara por los días que habían faltado a sus
labores.
Como resultado se firmó
una minuta, pero el gobierno no ha cumplido su parte. Por eso los profesores
volvieron a tomar el acueducto y exigen diálogo con el gobernador directamente,
sin que éste se inmute por resolver el problema. Su actitud es de hacer que el
problema crezca en lugar de atender tanto los reclamos magisterial y ciudadano,
de donde éstos últimos, por su falta de entender las causas que originaron el
movimiento de los mentores, ahora les echan la culpa a éstos del desaguisado,
cuanto que el culpable es otro: el gobierno federal al estar promoviendo leyes
que atentan contra los maestros y también contra la educación pública de las
nuevas generaciones.
Ahora bien, los ciudadanos
quieren agua y exigen que el gobierno intervenga violentamente contra los
paristas. Los maestros quieren ser atendidos y por eso cierran las válvulas
que, desde luego, afecta a los ciudadanos. Y si el gobierno estuviera en favor
de los ciudadanos, debería acudir al reclamo del magisterio, que sólo exige
diálogo pronto y directo. Pero el gobernador Javier Duarte no hace caso. En ese
inter, y mientras lo piensa, los ánimos van a caldearse demasiado de parte y
parte, y el desenlace puede ser funesto.
Ya hemos tenido la primera
muerta en este Estado a resusltas de un choque carretero y no queremos más
muertes. Por eso, el gobierno del Estado debe acudir al diálogo que exigen los
maestros para resolver parte del problema, pues sabemos que la derogación de la
ley educativa no depende de él, pero sí depende de su investidura, que no se
sancione a los maestros por la lucha que encabezan contra las leyes punitivas
que el gobierno federal ha establecido en su contra.
Así, pues esperemos que la
toma del Yuribia, sea para resolver parte del problema que se vive y no para
agravarlo. Eso dependerá del grado de sensibilidad que tenga el gobernador. Pues
si le apuesta a la represión, los pueblos indígenas no van a permitir que se
les reprima, ni tampoco el magisterio. Un acto de esa naturaleza, en lugar de limpiar
el camino, va a espinarlo. Esperemos que eso no suceda.
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